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Eugenio Amézquita Velasco

-En la propuesta del PAN en materia educativa existe una clara separación entre el
maestro y la dirigencia sindical
-No se está regresando a la venta de plazas ni al pase automático en Escuelas Normales

El Gobierno Federal debe decidir si continúa siendo populista y acepta los chantajes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o permite que el Estado mexicano
mantenga el control total del Sistema Educativo y no los grupos gremiales. El centro de la atención
debe ser las niñas y los niños, además de los maestros. Todos los mexicanos exigimos que se nos
hable de frente.

Así los expresó el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos
Romero Hicks, y explicó que desde hace más de tres meses, los legisladores de su bancada están
dedicados a la iniciativa de ley de reforma de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política y sus respectivas leyes secundarias. Propuesta que se sumó a otras 17 iniciativas que ingresaron a
la Cámara de Diputados, incluida la que presentó el presidente López Obrador.

Dijo que en la última semana dos poderes de la Nación fueron puestos a prueba por los miembros
de la CNTE, al impedir el desarrollo de los trabajos en las sedes del Palacio Legislativo de San
Lázaro y el Senado de la República, en la ruta de la dictaminación de la reforma en materia de
educación.

Se trata de un pequeño grupo de violentos con clara presencia clientelar, que tomó por asalto
instalaciones de los diputados y los senadores con la intención de chantajear al Presidente de la
República para que regrese la compra-venta de plazas, algo que no vamos a permitir, por más que
se sientan empoderados, agregó.

Acción Nacional está en favor de la niñez, del maestro que cumple y llega a tiempo, aquel que con
polvo y sudor recorre grandes distancias para presentarse al salón de clases; el profesor en el que
los padres de familia depositan su confianza cuando dejan a sus hijos en la puerta de la escuela,
sabedores de que juntos están construyendo un México de personas de bien y no de vándalos
obstaculizadores de la educación, subrayó.

En la propuesta del PAN en materia educativa existe una clara separación entre el maestro y la
dirigencia sindical, concibiendo a los profesores como los agentes fundamentales del proceso
educativo, donde se reconoce su papel en la sociedad.

Los maestros tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y
actualización. No se está regresando a la venta de plazas ni al pase automático en Escuelas
Normales, se busca que el profesor tenga certeza de no regresar al régimen laboral del artículo 123
del apartado B.

Otras aportaciones que incorpora la iniciativa ciudadana y los partidos políticos PAN, PRD, MC y
PRI, cuya presentación la realizó Romero Hicks en la tribuna de la Cámara de Diputados, son las
siguientes:

• El Estado garantizará la educación inicial y superior
• Educación basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva
• Incorporación de las evaluaciones diagnósticas en los procesos de ingreso, promoción y
reconocimiento en el Sistema de Carrera Magisterial
• Procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales en el Sistema de
Carrera Magisterial.
• Nombramientos derivados de admisión, promoción y reconocimiento, únicamente otorgados
conforme a la ley.
• Fortalecimiento a instituciones públicas de formación docente (normales)
• Incorporación de nuevos criterios: equitativo, inclusivo, intercultural, integral.
• Rescate conceptual de la palabra calidad (excelencia)
• Reconocer el derecho de las personas a los beneficios de la ciencia
• Restablecimiento de la fracción VII (autonomía universitaria)
• Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación
• Funciones del organismo que sustituirá al INEE, no sectorizado con autonomía técnica y de
gestión y con personalidad jurídica, patrimonio propio y no sectorizado.
• Blindaje a las instituciones de educación superior no autónomas para establecer requisitos
de ingreso.
• Resguardo del acervo documental y de investigación del INEE
• Facultar al Congreso para legislar el Sistema de Carrera Magisterial y una Ley General en
materia de ciencia, tecnología e innovación.
• Establecimiento de un fondo especial para la educación superior.

El Coordinador del GPPAN expresó que en el dictamen que está por discutirse y eventualmente
aprobarse en las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales, se favorece el interés
superior de la niñez, y se reconoce que hay una deuda con los maestros que sí cumplen, los que
no han tenido atención en sus comunidades, pero que ahora deben convertirse en el centro de
enfocar la atención.

"Hoy estamos en una posición de construir por México, sin sesgos partidistas. Contamos con
mejores circunstancias que en el pasado, con apertura por parte de todos los sectores interesados
en mejorar el Sistema Educativo Nacional y con una coincidencia que no comparten los grupos de
interés sindical: no queremos que la corrupción siga anidando en el magisterio", finalizó.


Eugenio Amézquita Velasco

• Eliminó el presupuesto público a las estancias infantiles, los refugios para mujeres maltratadas y de paso, con la austeridad, las despidió de la administración pública, sin ofrecer opciones de empleo.
• Basta de la “ley de la casuística” en la que por un delincuente paga toda la sociedad.

 Para conmemorar el primer “Día de la Mujer” de este Gobierno, el próximo viernes 8 de marzo, no puede haber peor escenario. En tan sólo tres meses hay un notable retroceso y pérdida de sus derechos.

Se suma la desaparición de recursos a estancias infantiles, el recorte de recursos a refugio de mujeres, el recorte de presupuesto a programas para mexicanas, aseguró el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks.

Será un recuerdo gris con el nuevo gobierno porque se ha olvidado de la mujer: aquella que ha sido objeto de maltratos intrafamiliares y se quedó sin refugio, la que despidió de la administración pública con el pretexto de la austeridad, la niña que ya no gozará de los beneficios en una estancia infantil, en fin, toda una serie de malas decisiones y pérdida de derechos.

Todo esto es muy lamentable en la primera conmemoración de esta administración del “Día de la Mujer” en la que se olvida que las mujeres son la mayoría de la población mexicana y no merecen ser utilizadas como experimentos de las acciones de gobierno, afirmó el Coordinador Parlamentario.

 “Desde que inició esta administración, las mujeres han sido afectadas por las políticas del Presidente de la República con el recorte al presupuesto público de las estancias infantiles a donde acuden las hijas y los hijos de las mujeres trabajadoras, algunas de ellas que por sí solas, sin la ayuda de una pareja, se apoyaban en el servicio que ahí les daban para dejar seguros a sus pequeños. Están desmantelando el sistema de cuidados en México”, explicó.

Igual afectación directa es a las madres estudiantes que tendrían que ver truncas sus carreras ante la imposibilidad de encargar a sus niños en manos profesionales y calificadas.

El gobierno se obstina en seguir con su política de entregar recursos públicos directamente a las madres, aunque nadie garantice su eficacia, pero ignora que el centro del problema son las pequeñas y los pequeños, por ello, exigimos respeto al interés superior de la niñez, dado que se está vulnerando su protección y desarrollo integral.

En la práctica el gobierno desprecia al 52 por ciento de la población. Con la desaparición de las estancias infantiles, que respaldan a más de 300 mil mujeres que las necesitan para ir a trabajar, han dejado sin trabajo a cerca de 50 mil mujeres que laboran en las estancias. Romero Hicks añadió que también en los últimos días hemos conocido la denuncia de las mujeres que se encontraban protegidas en los refugios contra el maltrato intrafamiliar y por orden presidencial ya no gozarán de presupuestos públicos para permanecer ahí; es increíble que el Presidente López Obrador renuncie a su obligación de proteger a las víctimas de violencia.

El dirigente de los diputados panistas recordó que, desde la década de los noventa, la sociedad civil se organizó para atender esta deficiencia del Estado mexicano, quien finalmente aceptó su imposibilidad para otorgar seguridad directamente a las mujeres víctimas de maltrato y, es así como desde entonces existe la protección a todas ellas, mediante el apoyo del presupuesto público. “El Presidente López Obrador tiene una concepción errónea de los organismos de la sociedad civil, que actúan genuinamente todos los días y que apoyan a construir un México mejor.

Si existen quienes se desvían del interés público, que intervenga la autoridad y los sancione conforme a la ley, eso es actuar con Estado de Derecho y no con Estado de chueco; basta de aplicar “la ley de la casuística” en la que pagan justos por pecadores, en la que por un delincuente se castiga a toda la sociedad”, apuntó. Romero Hicks aseguró que peligrosamente el gobierno que inicio su gestión hace tan sólo tres meses se ha enfocado en fijar su vista en lo interno y poco le ha interesado el exterior, tan es así que tampoco ha escuchado las voces de los organismos internacionales que ven en sus acciones retrocesos en logros alcanzados para las mujeres. En todo este recuento de malas decisiones contra el género femenino, se debe agregar el despido de miles de mujeres que laboraban en la Secretarías de Estado y organismos descentralizados con el argumento de que pertenecían a la burocracia, sin ofrecerles alternativas para aminorar los efectos negativos para ellas y sus dependientes económicos.

“Por eso nuestra solidaridad y apoyo a las mujeres. Lamentamos que la conmemoración del 8 de marzo, en lugar de ser una fecha para reivindicar la lucha por las mejores causas conquistadas por ellas, en las que se realce la enorme dignidad de las mexicanas que trabajan día a día con generosidad y entrega, nos remita a recordarle a este gobierno que ellas no son el enemigo, son las decisiones equivocadas y pensadas con cálculo político y mezquindad partidista”.

Además, en el Grupo de Acción Nacional de la Cámara de Diputados continuaremos en la organización de foros y mesas de trabajo en todo el país para construir una ley general de prevención, sanción y erradicación de feminicidios


Eugenio Amézquita Velasco

-Preservar el espíritu civil de la reforma en diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional.
-A los sectores de la sociedad dejó satisfechos que se siga manteniendo en México el sistema de contrapesos al poder político.

Hay que saber interpretar la exigencia de la sociedad a partir de la aprobación de la Guardia Nacional en el Senado por ello, pese a que todavía haya quienes desean dejarle el acento militar, los diputados del Partido Acción Nacional vamos a defender el avance alcanzado hasta ahora y nos disponemos a trabajar cuanto antes en las leyes secundarias y por fin garantizar la seguridad que reclaman millones de mexicanos.

Así lo expuso el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, al destacar que, por encima de mayorías parlamentarias, altos índices de popularidad y decisiones unipersonales, a la sociedad le dejó satisfecho que se mantenga en México el sistema de contrapesos al poder político.

“Y es que debemos recordar que lo alcanzado en el Senado de la República tuvo su inicio en la Cámara de Diputados, donde se invitó a las organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas en el tema de seguridad, Gobernadores de los estados, en fin, las voces que no fueron tomadas en cuenta en el dictamen final y en la votación definitiva por MORENA y sus aliados”, precisó.

Lo que entonces fue una victoria pírrica, después se convirtió en acicate para hacer valer, con la razón en la mano, que el sometimiento de los criminales y garantizar la seguridad a las familias mexicanas se puede alcanzar mediante una genuina cultura de la paz que disponga a la sociedad en su conjunto a trabajar en favor de la sana convivencia, del respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Lo anterior solo se explica con las aportaciones de los sectores que estuvieron en las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional, dijo, Romero Hicks al destacar que, entre esos, los Gobernadores de los estados de extracción panista, apoyaron, entre otros aspectos:

1.-Mando civil.
2.-Establecer requisitos de reclutamiento y permanencia, así como controles de confianza. Su capacitación y actuación debe estar regida por la tutela de los Derechos Humanos.
3.-Definir el marco de la ley y el régimen de transitoriedad de participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
4.-Respetar el ámbito de competencias federal y local.
5.-Fortalecer a las instituciones federales.
6.-Fortalecer también las capacidades locales (policías, MP y poder judicial).
7.-Incrementar los Fondos en materia de Seguridad Pública y darles claridad.
8.-Establecer marcos de colaboración con las entidades federativas sin entrega de recursos locales ni los centros de inteligencia y monitoreo.
9.-Contar previamente con el paquete de reformas secundarias, o definir el marco de las leyes y el régimen de transitoriedad de las fuerzas armadas.
10.-Contemplar protocolos y controles jurisdiccionales en caso de intervenir o suprimir policías locales.
11.-Contemplar controles políticos para la GN por parte del Congreso de la Unión.
12.-Prever esquemas de participación activa de la Sociedad Civil.

Ahora que la Minuta de la Guardia Nacional ha ingresado para su discusión a la Cámara de Diputados, MORENA y sus aliados que, hace unas semanas entregaron a la colegisladora “un Frankenstein”, tendrán que reconsiderar y reflejar el sentir de millones de mexicanos que no comparten las ideas de la Presidencia de la República del mando militar y dejar ese aparato de seguridad en un mando civil.

El líder de la bancada aseguró que todavía hay mucho trabajo por delante para sus diputados en las diferentes comisiones legislativas, pues ahora habrá que cuidar que se mantenga el espíritu civil de la reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, en las leyes y códigos de la federación.

Subrayó que el propósito de los diputados del PAN es entregar al Presidente de la República un instrumento efectivo ante un país ensangrentado y dolido por el flagelo de la delincuencia; se requiere de una visión de Estado y aquí estamos para servir a las familias mexicanas.

El Senado de la República cumplió su labor como Cámara Revisora y ahora nos corresponderá aprobarla en San Lázaro para enviarla a su vez, a los congresos locales y legalmente cumplir con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Agradecemos a todos los ciudadanos, organismos de la sociedad civil, especialistas y todas las instituciones que participaron activa y productivamente en el Parlamento Abierto de ambas cámaras del Congreso de la Unión en este proceso, sin duda histórico.

“Eso sí, con esto ya no hay pretexto para ir con todo contra la delincuencia organizada, la violencia sexual contra menores y feminicidios, el robo a casa habitación, el robo a vehículos de transporte, el indebido uso de armas de fuego, el robo de hidrocarburos y la desaparición forzada; todo estará en manos de los ejecutantes”, finalizó.


Eugenio Amézquita Velasco

• La lucha la haremos en la calle, con ellas y sus hijos, con abogados y la ley en la
mano para defender el derecho que tienen para recibir la protección del Estado.
• Menos de 2% de las estancias con irregularidades, reporta la Auditoría Superior de
la Federación.

Sin dejar de denunciar y lamentar la mezquindad política del nuevo gobierno para insistir en la
polarización nacional, los diputados del Partido Acción Nacional emprenderemos acciones en el
terreno social y legal para garantizar que las mujeres trabajadoras de México dispongan de
estancias donde puedan dejar a sus hijos en manos confiables y profesionales mientras realizan
su jornada laboral.

Así lo expresó el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos
Romero Hicks, al subrayar que el delirante propósito de dejar sin estancias infantiles a madres,
padres solos y tutores que trabajan es criticable desde todas las perspectivas, sobre todo porque
son mexicanos cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebasa la línea de bienestar.

“Esta decisión es una más de las desatinadas acciones con las que ha arrancado el gobierno del
cambio, un cambio que está dejando arrepentidos a muchos que depositaron su confianza en
alguien pero que con sus actos, demuestra falta de visión de Estado y mucha insensibilidad para
gobernar”, precisó.

La lucha la haremos en la calle, con ellas y sus hijos, con abogados y la ley en la mano para
defender el derecho que tienen para recibir la protección del Estado a una educación a edad
temprana, pero también al trabajo.

La acción legal en favor de los padres de familia y sus hijos la acompañaremos con una demanda
colectiva y confiamos en la independencia de los poderes de la Nación para hacer justicia.

El líder de los diputados panistas recordó que desde el inicio de esta administración no ha habido
semana para la reflexión, mucho menos para la paz y la tranquilidad. Cuando no es la cancelación
del aeropuerto es la gasolina, los ataques sin sustento a los organismos autónomos y en otras su
crítica a las calificadoras internacionales; en esta ocasión ocupan su atención los niños y las niñas que gozaban de estabilidad y cuidado en las instancias infantiles.

“Identificamos en todo esto un claro signo de mezquindad política porque hay que recordar que
hablamos de aquellos mexicanos que no tienen acceso al servicio de atención infantil, a través de
instituciones públicas de seguridad social y que tenían bajo su cuidado al menos a 400 mil niñas
de entre uno y cuatro años; y de uno a seis años niñas o niños con alguna discapacidad
(alrededor de 4,000)”, apuntó.

El año pasado el Presupuesto de Egresos de la Federación destinó a este programa cuatro mil 70
millones de pesos para más de nueve mil de estancias infantiles; en este 2019 lo redujo en 50 por
ciento, al dejarlo en dos mil 41 millones de pesos y la entrega de ese recurso se hará a la madre o
tutora, con el grave riesgo de que no se beneficie directamente a los infantes.

En Acción Nacional tenemos claro que la transparencia en el uso de los recursos públicos es el
signo de nuestro tiempo, pero este principio que apoyamos sin fobias políticas ni filias partidistas
debe considerar el beneficio social y el efecto multiplicador en la dinámica de los trabajadores.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de 2017-2018, el 93 por ciento de las personas declararon que gracias a ese programa pueden trabajar y aumentar los ingresos del hogar: el 72 % dijo que logró encontrar empleo después de hacer uso de las estancias; el 34 por ciento piensa que si el programa desaparece tendría que dejar su empleo.

Se ha dicho que las instancias infantiles son fuente de mal uso de recursos públicos, el dato duro
y cierto es que en las nueve mil 312 que existen, la Auditoría Superior de la Federación solamente
encontró desviaciones en el 1.8 por ciento. Aun así, el Presidente López Obrador insiste que el
recurso se entregará sin intermediarios. La pregunta es pertinente: ¿Cómo funcionará el monitoreo
para garantizar que el dinero se use directamente con fines del cuidado de los hijos?


“Desde el frente de lo legal no descansaremos en apoyar la lucha de las mujeres trabajadoras
para contar con estancias infantiles en donde puedan dejar a sus pequeños en manos confiables,
mientras cumplen con su jornada laboral; daremos la batalla contra la mezquindad política, la
ignorancia y la improvisación”, finalizó.


Eugenio Amézquita Velasco

-Vivimos los tiempos en los que ha faltado sensibilidad para aceptar una voz diferente a Morena 
-La gran respuesta de la sociedad la recibimos los diputados de Acción Nacional y la aquilatamos en su justa dimensión 

Las Consultas Públicas sobre Guardia Nacional, Reforma Educativa y al Artículo 19 Constitucional son parte del cambio democrático y las hemos propuesto procesar mediante el formato de Parlamento Abierto. Sin duda un esfuerzo que si bien comienza con grandes expectativas, debemos cuidar no sea utilizado para “lavarse la cara”, cubrir una cuota y al final se termine legislando de espaldas a la sociedad.

Así lo advirtió el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, al destacar que en los tres ejercicios ya mencionados ha habido una notable y activa presencia de académicos, profesionales y ciudadanos interesados en aportar sus puntos de vista para que sean considerados en la redacción de las iniciativas legislativas.

“La gran respuesta de la sociedad la recibimos los diputados de Acción Nacional y la aquilatamos en su justa dimensión porque nos aporta otros enfoques y nos obliga a reconocer que nadie es el dueño de la verdad, ni el ejecutivo, ni el legislativo; pensar lo contrario sería una soberbia que solamente caracteriza a los regímenes dictatoriales”, precisó.

“Hoy, los ciudadanos no quieren cancelar ni la democracia y ni la pluralidad, por eso la Cámara de Diputados debe ser el espacio de representación, concertación y diálogo. Al mismo tiempo, los partidos políticos que aquí convergen tienen que actuar con sinceridad, sin dobles mensajes y hablar con verdad al especialista o al académico; decirle que su punto de vista no será considerado en la redacción final”, agregó.

Romero Hicks reconoció que “fue muy desconcertante para quienes atendieron el llamado para participar en la primera Audiencia Pública sobre la Guardia Civil que al final, la redacción de la iniciativa no escuchó ni reflejó lo que ahí se dijo, porque con franqueza hay que reconocer que vivimos en los tiempos de una mayoría parlamentaria a la que le ha faltado sensibilidad para aceptar una voz diferente a la de ellos.

La pluralidad es una divisa, no un mal tolerado”. El formato de Parlamento Abierto es una aspiración panista planteada claramente desde los primeros días de trabajo de esta legislatura con la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso, (11 de septiembre) con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y la probidad parlamentarias.

Acción Nacional convoca a las demás fuerzas parlamentarias a debatir dicha iniciativa, a facilitar los medios para que la ciudadanía cuente con mayores y mejores cauces de participación en la Cámara de Diputados con la presentación de propuestas, evaluación, seguimiento, acceso a información pública, tanto del desempeño como de la gestión presupuestaria en relación con el ejercicio de las atribuciones de los legisladores.

 “Como lo expuse al iniciar los trabajos de la LXIV legislatura: es el tiempo de asumir las enseñanzas y reconocer que este cambio de época deriva en gran parte del hartazgo ciudadano, de una parte, de la clase política frívola, distante, incongruente y corrupta que fue castigada en las urnas por una sociedad indispuesta a solaparla".

"Las urnas no solo fueron el vehículo para cristalizar una lucha, revelaron, sobre todo, que nunca más el pueblo mexicano dejaría impune el despiadado abuso de poder, algo que MORENA, no debería repetir ahora”, finalizó el Coordinador Parlamentario del GPPAN.


Eugenio Amézquita Velasco

-La medida beneficiará especialmente a las personas de la tercera edad y proteger lo que con esfuerzo han logrado a través de su vida y trabajo.

La diputada federal celayense Saraí Núñez Cerón, presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa para que se incluya la figura de hipoteca reversible.

En el documento entregado a esta Cámara Federal, se señala lo siguiente:

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscribimos, diputada federal Saraí Núñez Cerón, y las diputadas y los diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

¿Quién podría, levantar la mano para negarse a proteger los derechos de los adultos mayores, tesoros vivientes, personas que han protagonizado y vivido buena parte de la memoria de nuestro país, seres humanos que nos han dado la vida o la vida de nuestros padres? La respuesta debería ser: nadie.

Y, sin embargo, la sociedad y el Estado mantiene todavía un manto de invisibilidad sobre aquellos adultos mayores que paradójicamente lo han visto casi todo, en una época donde son personas cada vez más desprotegidas.

“El envejecimiento de la población es un fenómeno que carece de precedentes y que según los expertos se profundizará en el tiempo.

Durante el siglo XX, la proporción de personas mayores aumentó considerablemente y así seguirá en el siglo XXI. En 2007, el 10,7% de la población mundial tenía sesenta años o más. En 2025 se proyecta que ese porcentaje llegue al 15,1% y en 2050 alcance el 21,7%.

La buena noticia es que muchos sectores sociales y ahora políticos, incluyendo a nuestros gobiernos, han tomado nota y pasado a la acción frente a esta falta de hecho y derecho, que aflige especialmente a los adultos mayores en situación de pobreza, con menos armas todavía para reivindicar y para hacer valer sus Derechos Humanos.

Si bien el mundo carece aún de un instrumento legal vinculante para estandarizar y proteger los derechos de estas personas, hace pocos meses la Asamblea General de la ONU creó un Grupo de Trabajo Especial, bajo la presidencia de la Argentina y con un horizonte claro: darles a los adultos mayores una Convención Internacional como la que ya protege los derechos de grupos como niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad y trabajadores y trabajadoras, por ejemplo. Hace pocos días, el Grupo se constituyó y comenzó sus tareas.

La discriminación por razones de edad, la negligencia, el abuso y la violencia contra los adultos mayores representan en la actualidad algunas de las más graves violaciones a los Derechos Humanos y, como hace notar la ONU, la situación se ve agravada por el fenómeno adicional de “invisibilidad” de la población con más de 60, 70 u 80 años, personas que van quedando fuera de la dinámica económica y social, especialmente cuando viven en instituciones geriátricas”.1

En esta tesitura, la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano; Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades .

Por tal motivo, surge la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza; Recordando lo establecido en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales tales como la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia (2007), el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009), la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012);2

Es en este sentido, se vio la necesidad de que surgiera la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Cuyo objeto de la Convención, es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), menciona que los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el cual se establece:

“Vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades y requerimientos”. 3

Por lo antes expuesto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), menciona que en México en el “2017 habitan 12 millones 973 mil 411 personas de 60 y más años, de los cuales 53.9 por ciento son mujeres y 46.1 por ciento son hombres, de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población.

El instituto destacó que la población adulta tiene una esperanza de vida de 75.3 años para 2017, por lo que el peso relativo de los adultos mayores adquiere una mayor relevancia en la estructura por edad, asimismo, afirma que entre 1970 y 1990, el porcentaje de adultos mayores respecto a la población total pasó de 5.6 a 6.2 por ciento; mientras para 2017 dicho porcentaje es de 10.5 por ciento”.4

De tal suerte, que la población adulta mayor está creciendo de manera acelerada. Se prevé que para 2050 las mujeres de 60 años y más representen 23.3% del total de población femenina y los hombres constituyan 19.5% del total de la masculina.

 La esperanza de vida de la población mexicana se duplicó entre 1930 y 2014 con una ganancia de 43 años en las mujeres y 39 en los hombres, lo cual significa grandes desafíos para los sistemas de pensión, jubilación y salud, principalmente”.5

En esta tesitura, es imperante proteger a este sector vulnerable, ya que mucho de nuestra población adulta mayor no cuenta con una vida digna y decorosa como lo establece nuestra Constitución Política, ya que carecen de protección de su propia familia y del estado.

Si bien es cierto, es de conocimiento público que la mayor parte de nuestros adultos mayores tienen una pensión muy baja en la mayoría de los casos es inferior al ingreso mínimo mensual, siendo este el único ingreso que reciben, incluso la mayoría de los adultos mayores no tienen pensión por el tipo de trabajo que desempeñaron en su vida laboral.

Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), El 61.8 por ciento trabaja sin contrato laboral y casi la mitad, 47.7 por ciento, no cuenta con prestaciones, de hecho, 73.2 por ciento lo hace de manera informal, el cual son muchos los adultos mayores que desempeñaron funciones como meseros, albañilería o en la construcción, en servicios de limpieza, trabajadores de empleo temporal, jornaleros, etc.

Por lo anterior, esto conlleva a que no tengan alimentos diarios, asistencia a la salud, medicamentos, vestido, artículos de primera necesidad, mantener sus hogares en buenas condiciones o simplemente a desarrollarse socialmente en el medio en que vive, como ir a una buena función de teatro o una película.

Sus bajas pensiones son el motivo por el cual buscan, nuestros adultos mayores en distintas instituciones bancarias, créditos para poder complementar sus pensiones y con esto vivir dignamente, pero las diferentes instituciones bancarias no autorizan por su edad ya que para ellos es un riesgo del pago de dicho crédito.

Considerando que, no está dentro del giro de los banco e instituciones financieras el recibir una propiedad y el entregar el valor de la tasación comercial en cuotas y menos aún a los adultos mayores, es que pareciera ser una salida a las bajas pensiones el contar con la posibilidad de hipotecar dicho bien, con el cual el servicio público creado por el estado otorgue el equivalente a la tasación comercial de dicho inmueble en mensualidades, a fin de que los pensionados vean incrementado su ingreso mensual.

La propuesta

Por lo anterior, y la problemática que los adultos mayores atraviesan, propongo establecer la figura de hipoteca reversible, esto es crear un nuevo servicio al público, a fin de dar la posibilidad a los adultos mayores de hipotecar un inmueble de su propiedad.

De tal suerte, que la hipoteca tendría por finalidad que pueda recibir el equivalente al valor comercial del inmueble en cuotas mensuales, mejorando así su pensión y nivel de vida, asimismo, podrán mantener el inmueble que en muchas ocasiones se deterioran por falta de dinero.

En caso de contratar la hipoteca inversa de manera vitalicia, al fallecimiento del deudor hipotecario o del último de los beneficiarios, los herederos podrán cancelar el préstamo en el plazo estipulado, abonando al acreedor hipotecario la totalidad de los débitos vencidos, con sus intereses y los herederos del deudor hipotecario decidan no reembolsar los débitos vencidos, con sus intereses, el acreedor sólo podrá obtener recobro hasta donde alcance el bien hipotecado.

En este sentido, los adultos mayores estarán dotados de un apoyo y figura jurídica que es la hipoteca reversible en el cual los adultos mayores que tengan una propiedad que hoy constituye su único patrimonio, que tiene un valor este genere un provecho económico monetario en el cual los adultos mayores puedan gastar para vivir dignamente y cubrir con sus necesidades básicas, hasta su muerte.

Quiero poner como ejemplo a los Países que han implementado exitosamente la figura de hipoteca reversible, en Reino Unido hay una regulación desde 2004, Estados Unidos de América, desde 2002, Australia se ha tenido una fuerte evolución a partir de 2004, Japón, una de las más grandes entidades financieras, ofrece una atractiva hipoteca que puede durar hasta los 80 años, combinada con una pensión vitalicia voluntaria a partir de esa edad, en el caso de Nueva Zelanda, se observa un rápido crecimiento del instrumento a partir del 2004, los Españoles han evolucionado en el sentido de que el importe máximo del que se puede disponer, se determina de manera prioritaria en función de la edad que tiene el adulto mayor, así como de la valuación de la propia vivienda, en el caso de Canadá, su puesta en marcha está en pleno desarrollo, no existiendo hasta el momento una edad legal de referencia que se pueda tomar como base para iniciar con una contratación de este tipo, aunque se toma como referente la edad de 60 años.

En algunos estados de la República Mexicana ya se aplica en la legislación local la a figura de hipoteca inversa como en la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

Por todo lo antes expuesto, quiero resaltar que esta iniciativa se ha presentado por mis compañeros antecesores, el Diputado Enrique Rina Lizárraga de la LXII Legislatura y la Diputada María García Pérez LXIII Legislatura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el cual retome y actualice para presentarla en esta LXIV Legislatura, ya que esta pieza legislativa contiene grandes bondades y voluntad política para la protección de los grupos vulnerables como son los adultos mayores.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción III al artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y adiciona una fracción XII al artículo 4 de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Nacional

Artículo Primero. Se adiciona una fracción III al artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 21. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de interés social, garantizar:

III. Brindar información y servicios de asesoría para las personas adultas mayores que deseen suscribir un contrato de hipoteca inversa que les permita obtener una pensión garantizada por un bien inmueble, teniendo en cuenta la situación financiera del solicitante y los riesgos económicos derivados de la suscripción de este producto financiero.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XII al artículo 4 de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Nacional, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 4o. La sociedad podrá llevar a cabo los siguientes.

I. a XI. ...

XII. Promover esquemas para poder contratar un crédito garantizado mediante hipoteca inversa sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual del solicitante con las entidades financieras autorizadas para este fin, permitiendo al solicitante disponer del importe del préstamo o crédito bajo en pagos periódicos durante un plazo determinado, o durante toda la vida, bajo las condiciones mínimas siguientes, además de las previstas en la legislación correspondiente;

a) El solicitante deberá ser propietario de un bien inmueble libre de gravámenes;

b) Las entidades financieras, deberán informar ampliamente a los adultos mayores interesados en obtener una hipoteca inversa, sobre las características de los instrumentos con los que cuentan;

c) La vivienda, deberá ser tasada a valor comercial al inicio y al término de la operación;

d) En caso de contratar la hipoteca inversa de manera vitalicia, al fallecimiento del deudor hipotecario o del último de los beneficiarios, los herederos podrán cancelar el préstamo en el plazo estipulado, abonando al acreedor hipotecario la totalidad de los débitos vencidos, con sus intereses y los herederos del deudor hipotecario decidan no reembolsar los débitos vencidos, con sus intereses, el acreedor sólo podrá obtener recobro hasta donde alcance el bien hipotecado;

e) El acreedor no podrá embargar ni rematar otros bienes del deudor, ni de sus herederos.

f) El deudor estará obligado, a conservar la vivienda totalmente habitable y en las mejores condiciones posibles. Para esto, deberá considerarse un porcentaje de los recursos pactados, para el pago de mantenimiento del inmueble; y

g) También podrán instrumentarse hipotecas inversas sobre cualquier otro bien inmueble, distinto al de la vivienda habitual del solicitante.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.embajadaabierta.com/la-onu-y-la-tercera-edad-los-derechos-de -los-adultos-mayores/#sthash.aennIlRv.dpuf

2 http://www.inger.gob.mx/bibliotecageriatria/acervo/pdf/OEAtratadosmulti lateralesinteramericanosA70DHPAM.pdf. Pág. 2

3 http://www.cndh.org.mx/Derecho_Adultos_Mayores

4 http://www.inger.gob.mx.

5 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de febrero de 2019.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)


Eugenio Amézquita Velasco

El diputado federal Juan Carlos Romero Hicks y líder del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que se entregó la Iniciativa de Reforma a tres artículos de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y en donde se aborda, entre ellos, el Artículo Tercero, relativo a la educación. La entrega fue hecha de manera conjunta con los partidos PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

Textualmente se trata de la iniciativa que "reforma los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los coordinadores y los integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD".

EL documento señala que "los suscritos, coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional; del Partido Revolucionario Institucional; de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, así como las y los diputados de sus grupos parlamentarios a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente":

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está basada en el imperio de la ley, en la igualdad ante la misma y en la separación, independencia y respeto de los poderes públicos. Estos tres principios republicanos han sido, son y deben seguir siendo los pilares de la nación y, en consecuencia, de nuestro sistema educativo, por lo que debe ser un compromiso indeclinable de cualquier gobierno al que el pueblo le haya conferido el mandato de conducirlo.

De 1917 a la fecha, el artículo 3° constitucional se ha reformado en diez ocasiones, cada una de ellas introduciendo hitos que, de un modo u otro, le han dado forma y fondo al Sistema Educativo Nacional (SEN) que hoy conocemos. Hay sin duda hitos fundamentales que demuestran esta progresividad, a saber: el carácter público, laico y gratuito de la educación, así como su orientación democrática y hacia la convivencia humana; el crecimiento del segmento de escolarización obligatoria en el país, que ha transitado desde la educación primaria, hasta la educación secundaria (1993), incluyéndose después a la educación preescolar (2002) y, más recientemente, a la educación media superior (2012); la distribución de la función social educativa, que establece el marco legal de atribuciones exclusivas y concurrentes entre instituciones y los diferentes órdenes de gobierno; y finalmente el hito de la equidad, los aprendizajes y la inclusión que, de manera clara y creciente ha subrayado el enfoque de derechos poniendo énfasis especial en la atención de grupos que enfrentan mayores desventajas sociales, económicas, culturales y educativas.

Cada una de las iniciativas de reforma obedeció a un propósito específico; sin embargo, en un balance histórico queda claro que dichas modificaciones han sido orientadas, desde diferentes enfoques y propósitos, por una búsqueda de mejora constante y por el anhelo de materializar el reconocimiento y ejercicio del derecho a la educación de las personas.

En el caso de la reforma educativa de 2013, ésta avanzó en hacer explícita la obligación del Estado de ofrecer una educación sustentada en los principios de calidad y equidad, cambio sustantivo que quiso hacer exigibles ambos preceptos al convertirlos en cualidades inherentes del derecho a la educación reconocido en la Carta Magna.

Esa misma reforma reivindicó la rectoría del Estado en materia educativa y afianzó la creación del Sistema Nacional de Evaluación y del Servicio Profesional Docente, prescribiendo el mérito como principio rector para el ingreso y el desarrollo de la carrera docente. Estos principios fueron aparejados con procedimientos para evitar la discrecionalidad en el ingreso y la promoción de las y los maestros y, así, evitar su uso político y clientelar.

Además, la reforma constitucional de 2013 incluyó la obligación de sistematizar la información del SEN, con el propósito de que ésta se convirtiera en un insumo para el diseño de una política educativa equitativa, incluyente y de calidad.

Como ocurre en cualquier sistema democrático, la puesta en marcha de dicha reforma atravesó por múltiples cuestionamientos, los que con el paso del tiempo fueron revelándose, en algunos casos, como claras imperfecciones y, en otros, como francas resistencias al cambio de paradigma.

A seis años de distancia de ese proyecto y con el arribo de nuevo gobierno electo democráticamente, se ha abierto también una nueva oportunidad para poner el derecho a la educación al centro de la discusión pública. Primero, a partir de los múltiples instrumentos presentados por legisladores de diversos partidos en las Cámaras y, sobre todo, a partir de la iniciativa que en diciembre pasado envió el presidente de la República al Congreso mexicano, que atiende su promesa de revisitar la Constitución en materia educativa.

Bajo ese escenario de pluralidad y apertura y ante los tiempos que se han establecido para materializar dicho objetivo, numerosos especialistas educativos, miembros de la sociedad civil organizada y ciudadanos interesados en el diseño de política educativa le han hecho llegar a los presentadores de este proyecto -legisladores de diversas corrientes políticas-, una serie de propuestas para enriquecer el debate y los contenidos de la reforma que habrá de discutirse próximamente en el seno del Poder Legislativo.

La raíz que une a los actores interesados en el cambio educativo es el genuino interés en contribuir a que el derecho a la educación sea, como lo ha reconocido el derecho internacional, el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos, aquél que juegue un papel decisivo para garantizar el respeto a la dignidad de las personas; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y el pleno goce de sus libertades fundamentales.

Ésta es también la oportunidad de fortalecer el derecho a la educación, alineando las acciones que le dan vigencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, de los que México es signatario. Esta agenda no es sino un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, y en la que se hace un llamado explícito a que los Estados miembro implementen las medidas necesarias para garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad.

A este interés se suma la voluntad constructiva de que en este nuevo proceso de rediseño constitucional 1) se incorporen nuevos componentes que contribuyan a la mejora continua de la educación; 2 se mejoren aquellos elementos imperfectos del texto vigente, y 3) se mantengan aquellos que han contribuido objetivamente a robustecer el Sistema Educativo Nacional.

Es éste el enfoque que motiva la presente iniciativa, cuyos elementos se detallan a continuación.

1. Elementos innovadores

Incorporación del enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva.

La propuesta aterriza el nuevo paradigma de derechos humanos adoptado por México en 2011, al establecer que toda la educación impartida por el Estado deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a la dignidad de las personas; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y que fortalezca la protección, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

La igualdad formal se refiere a la Constitución y a las leyes que conceden a todos los ciudadanos los mismos derechos: a las libertades civiles, a la participación política y a la vida digna. La igualdad sustantiva se refiere a que, en la práctica, todos los ciudadanos puedan efectivamente acceder a esos derechos.

Esto significa que el Estado tiene la obligación legal de eliminar todas las barreras discriminatorias, ya sea que existan en la ley o en la vida cotidiana, y emprender medidas positivas para lograr la igualdad, incluido el acceso, dentro y a través de la educación.

Dada la heterogeneidad y dispersión de la población en México, aunque la educación es un derecho, se han logrado avances desiguales para garantizar su ejercicio pleno. Por ello, instituir el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva en la educación que imparta el Estado permitirá? identificar y atender las causas sociales y económicas que limitan el acceso a la educación o son una causa de exclusión dentro del sistema educativo, y evidenciar el impacto que habrá en la situación educativa nacional al incorporar estos enfoques.

La propuesta que se ofrece innova al incorporar un enfoque que hoy en día es lo más inclusivo posible. La educación, entendida en estas dos dimensiones, es una práctica constructora de inclusión social. En ella se procurará deliberadamente no excluir a nadie del derecho a la educación, y en cuanto a quienes están fuera o en sus márgenes, propiciar activamente su incorporación plena.

Incorporación de nuevos principios y propósitos de la educación

Esta iniciativa considera que la inclusión, la interculturalidad, la equidad y el desarrollo sostenible deben ser propósito y eje de la educación impartida por el Estado.

La educación inclusiva es de suma importancia para impulsar un nuevo paradigma en el acceso a oportunidades de desarrollo, en el que las características específicas de las personas y sus necesidades de aprendizaje sean atendidas. A través de la educación inclusiva es posible tomar en cuenta la diversidad de necesidades de todos los y las aprendices, mediante una participación creciente en el aprendizaje, en las culturas y en las colectividades; también permite reducir la exclusión que se presenta cotidianamente en la educación escolarizada.

Hoy más que nunca se requiere de una escuela abierta a todos y —como se estableció en la Conferencia Internacional de Jomtién, Tailandia en 1990— de una “educación para todos”.

En la presente iniciativa también se introduce el carácter intercultural en la impartición de la educación, reconociendo la existencia de una sociedad culturalmente plural, con distintas realidades y necesidades de aprendizaje.

La identidad cultural de las personas no es un elemento estático ni homogéneo, sino una realidad dinámica y plural que se construye y que influye en el desarrollo de las personas, por este motivo es que la educación intercultural es tan relevante, porque pone en contacto diversidades y promueve el reconocimiento razonado del otro como portador de valores, pensamientos y emociones, con la intención de disminuir la persistencia de actitudes intolerantes.

Una de las tareas esenciales de los sistemas educativos es promover el respeto de todas las personas independientemente de su cultura, fomentando valores que favorezcan actitudes solidarias, tolerantes, democráticas y de respeto a los derechos humanos.

México es el país con más población indígena de América Latina, pues en 2010 era de 11.5 millones, con 6.9 millones de hablantes de lengua indígena. En ese año, en nuestro país habitaban 42% de los indígenas de toda la región y 51.1% de los hablantes. Esta realidad requiere ser aprehendida a través de una perspectiva intercultural que obligadamente debe aterrizar en la política educativa, no como un mecanismo de exclusión o segregación, sino como un enfoque educativo global, integrador y reformador para la práctica educativa.

Al plantear la introducción de la interculturalidad como característica de la educación impartida por el Estado, se reconoce la composición diversa del aula, la escuela y los docentes, y la obligación de aquél de crear puentes y pautas de interacción entre los diversos. Bajo esta concepción se pretende derribar, desde la letra constitucional, el histórico modelo segregador que ha hecho parecer que la interculturalidad es sólo asunto de los pueblos indígenas y no un desafío que requiere de la participación de la sociedad en su conjunto.

Además, se plantea incorporar la dimensión de equidad de la educación, para lo cual el Estado deberá tomar medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de todas las personas, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas deberán estar dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de injusticia y desigualdad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales.

Por otro lado, México, como parte de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, se ha comprometido a promover la educación como fundamento de una sociedad más viable para la humanidad e integrar el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza escolar a todos los niveles.

Añadir el desarrollo sostenible como propósito educativo contribuirá a darle herramientas a los educandos para transformarse a sí mismos y a la sociedad en la que viven mediante la adopción de estilos de vida sostenibles y convirtiéndolos en ciudadanos del mundo activos y participativos que contribuyan a crear un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sostenible.

Reconocimiento de las y los educandos como titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación

El advenimiento de la Convención de los Derechos del Niño (1989) dio lugar a un cambio filosófico sustancial, al abatir el modelo de la situación irregular -en el que se sustenta el paradigma tutelar-, que partía de mirar a la infancia desde una plataforma de lástima, compasión, caridad, filantropía y represión. Contra esta corriente, la entrada en vigor de la Convención trajo consigo la emergencia de una nueva óptica para la valoración de la niñez, colocándola como actor social relevante y visible en el espacio público, lo que dio pie al afianzamiento de la doctrina de la protección integral de la infancia, que ya no habla más de menores, sino de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; puntualiza sus derechos y reconoce su carácter de personas en desarrollo, capaces de adquirir -paulatinamente- responsabilidades, con potestad para expresar sus opiniones.

Dicha doctrina fue reconocida constitucionalmente por el Estado mexicano a partir de los primeros años de la década pasada. Sin embargo, su implementación aún se encuentra aún limitada en la práctica y, en el caso educativo, apenas hace unos años se ha avanzado hacia el reconocimiento la supremacía del interés de la niñez en controversias diversas.

Es por lo que, a efecto de despejar los alcances del nuevo paradigma de derechos de la niñez en el ámbito educativo, esta iniciativa comparte con la del Ejecutivo Federal el interés de reconocer a las y los educandos como el eje cardinal del sistema educativo, añadiendo que, bajo esta perspectiva, ningún interés podrá estar por encima del pleno ejercicio al derecho a la educación o impedir su acceso y permanencia en los servicios educativos prestados o autorizados por el Estado.

Reconocimiento de los docentes como agentes primordiales en la calidad y la transformación de la educación

A través de esta modificación se propone redignificar el papel de las y los maestros, reconociéndoles como agentes primordiales en la transformación de la educación. Para lograr su papel transformador de la educación, es necesario a su vez promover el establecimiento de las condiciones para promover que los docentes sean altamente calificados, que sean remunerados justamente y que tengan las herramientas para consolidar las trayectorias que ellos mismos establezcan para su continuo desarrollo como profesionales de la educación.

En ese sentido, se destaca la labor primordial de los docentes en el proceso educativo, su autonomía individual, no sólo como transmisores de conocimiento sino también como intelectuales formadores de ciudadanos, lo que implica una alta responsabilidad en relación con los educandos.

Reconocimiento del carácter local, contextual y situacional del proceso educativo

El texto constitucional confiere al Poder Ejecutivo Federal la atribución de determinar los planes y programas de estudio, para los cuales habrá de considerar la opinión de diversos actores involucrados en la educación. La novedad de la propuesta recae en la incorporación de la perspectiva local, contextual y situacional, reconociendo las múltiples dimensiones donde ocurre el fenómeno educativo y que influyen su desarrollo

Incorporación de consejos consultivos en materia educativa

La participación social es un tema de actualidad y relevancia en la discusión del tema educativo a nivel local y global. Algunos estudios coinciden en que la participación social en la educación incide significativamente en la calidad y equidad de los servicios, así como en la mejora en los resultados de aprendizaje de los educandos, al tiempo que impulsa la responsabilidad pública sobre la educación y mejora nuestras capacidades de argumentación, favoreciendo su democratización y la mejora de la calidad.

Aunque el tema ha estado presente en México desde la década de los 90 - formalizándose jurídicamente mediante la figura de los consejos de participación social en la educación-, su alcance aún ha sido limitado a la hora de definir la política educativa nacional. Con el objeto de subsanar esta limitante, reconocer la importancia de la participación social y vincularla al diseño de las políticas educativas, este proyecto propone la creación de consejos consultivos que funjan como órganos de las autoridades federales y locales.

Obligación del Estado de impartir educación superior

Al igual que el proyecto del Ejecutivo, se propone incorporar la obligación del Estado de impartir educación superior, pues los datos demográficos han revelado reiteradamente que la tendencia a la demanda en educación superior seguirá creciendo, por lo que el Estado habrá de asumir una política más ambiciosa para atender dicha demanda, sin que ello comprometa la calidad de los servicios. Con el propósito de atender esta nueva responsabilidad, el proyecto refiere el desdoblamiento de sus detalles en una ley en la materia, para lo cual el Congreso tiene facultades de acuerdo con la fracción XXV del artículo 73 constitucional.

Si bien la propuesta coincide con el proyecto, se distancia del carácter obligatorio para las personas, partiendo de que quienes desean acceder a este tipo educativo se encuentran típicamente en rangos de edad que corresponden a jóvenes adultos, los cuales gozan de plena libertad para decidir sobre este aspecto. En este sentido, la propuesta establece que el Estado deberá implementar medidas para promover el acceso de las personas que decidan ingresar a este tipo educativo, así como para generar condiciones que contribuyan a su continuidad y permanencia.

Reconocimiento del derecho a la ciencia y a gozar de los beneficios del desarrollo científico y sus aplicaciones

El derecho a la ciencia ya ha sido recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.Sin embargo, su reconocimiento en el marco jurídico mexicano aún está pendiente.

El derecho a la ciencia va más allá de la visión de beneficiarse de ella y aboga por contenidos más amplios de participación. Es un derecho que incluye contenidos como la divulgación, la participación en la creación científica, la participación en las políticas científicas, la responsabilidad en la gestión de riesgos, las libertades y responsabilidades de quienes hacen ciencia y tantos otros aspectos.

La Constitución contempla disposiciones respecto del tema de ciencia y tecnología. No obstante, al analizar de forma cronológica los cambios vertidos en la Carta Magna, se advierte una recepción tardía y difusa en la materia que prioriza el apoyo, la promoción e inversión en investigación científica y tecnológica, pero no recoge ninguno de los elementos sustantivos adherentes a tal derecho.

Con el propósito de resarcir esta laxa identidad jurídica, la iniciativa -además del reconocimiento explícito de tal derecho- prescribe que el Estado deberá incentivar la investigación científica, humanística y tecnológica, así como garantizar el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezca la ley.

Además, confiere facultades expresas al Congreso de la Unión para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

2. Elementos que mejoran el texto constitucional vigente

Énfasis en carácter pedagógico, no laboral

Una de las narrativas que dominaron la opinión sobre la reforma educativa de 2013 fue la ausencia de una perspectiva pedagógica en la redacción del tercero constitucional, la cual fue suplida por la concentración en los ámbitos laboral y profesional de las y los maestros. Tal como se describe en el apartado de innovaciones que componen este cuerpo argumentativo, este proyecto de reforma se aproxima al fenómeno educativo desde un enfoque que pone al centro una serie de conceptos inherentes al derecho a la educación, tales como, por ejemplo, el papel cardinal de las y los educandos en dicho proceso, la relevancia de los aprendizajes de los estudiantes, el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva como base de la educación, el carácter contextual de los procesos pedagógicos y en la formación inicial y continua de los docentes, entre otros.

Eliminación de los efectos de la evaluación sobre la permanencia en el servicio

La propuesta reconoce a los docentes como agentes primordiales en la transformación de la educación. Con base en este carácter, se reconoce su derecho a que les sea garantizado el acceso a un sistema permanente de actualización y formación continua para cumplir con los objetivos y propósitos del SEN.

Más allá del actual momento político-electoral y contrario a visiones incompletas del sistema educativo, esta iniciativa propone corregir y mejorar algunos aspectos relativos a la evaluación de los docentes. La propuesta de reforma que aquí se presenta elimina la evaluación del desempeño ligada a la permanencia, toda vez que su aplicación, en los términos del texto vigente, ha sido identificada como un elemento punitivo, diluyendo su función diagnóstica y formativa orientada a la mejora de la práctica docente.

Cumplir con los objetivos y propósitos del SEN solo podrá lograrse mejorando las condiciones en las que el docente desarrolla su trabajo, fortaleciendo su carrera como un profesional autónomo y ampliando sus oportunidades de formación de acuerdo a sus necesidades y el contexto en el que se desenvuelve. Dado que esta labor requiere de una profunda transformación de las instituciones y las políticas para mejorar la docencia, tanto en el ámbito de la formación inicial como de la formación en servicio, se incorpora la figura del Servicio para el Desarrollo Magisterial.

Con esta actualización normativa se aspira a despojar a la evaluación docente de connotaciones punitivas y sumativas privilegiando su contribución a la mejora continua del sistema educativo nacional, al desarrollo profesional de sus integrantes, al respeto de los derechos de todas las personas y al enriquecimiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

3. Elementos que se mantienen del texto constitucional vigente

Rectoría del Estado

El texto vigente reconoce al Estado mexicano como el ente que orienta la política educativa.

La rectoría del Estado descansa sobre diversos componentes, entre los que destacan 1) la actualización y formación continua de las y los maestros; 2) la evaluación de los componentes del SEN, que aporte elementos para su mejora permanente, y 3) los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento de la carrera docente.

La calidad como cualidad inherente al derecho a la educación

A lo largo de casi un siglo el artículo tercero de la Constitución ha experimentado diversas modificaciones, pero no se había abordado de forma explícita la calidad de la educación ni se habían dado las garantías para alcanzar su cumplimiento. Gracias a la investigación independiente desde la década de los sesenta y con la constitución de los órganos de evaluación a principios del dos mil, se pudo empezar a medir, de manera sistemática, rigurosa e independiente, la calidad educativa del sistema educativo en su conjunto.

Después, con la incorporación de la calidad como elemento inherente al derecho a la educación, se tuvo el propósito de integrar una serie de dimensiones que permitieran valorar la educación impartida por el Estado a través de componentes observables y exigibles.

Retroceder en este aspecto, además de echar por tierra los avances descritos, contravendría los compromisos internacionales adquiridos por México, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que consta de 17 Objetivos y 169 metas, dirigidas a hacer frente a los tres elementos interconectados del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

En particular, el Objetivo 4 de la Agenda y las metas que lo desarrollan buscan garantizar una educación inclusiva, equitativa de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Las metas deseables en este sentido son que todas las niñas, niños y jóvenes tengan acceso a servicios de atención y desarrollo desde la primera infancia hasta el nivel superior, con una educación obligatoria de calidad en un sistema educativo incluyente que reduzca la desigualdad social y económica.

Para que el Estado mexicano atienda el desafío de garantizar una educación de calidad se requiere que éste eche mano de los instrumentos de la evaluación en tanto insumos confiables para identificar los retos que enfrenta el SEN y así poder diseñar una política educativa que contribuya a su mejora.

Aunado a ello, extinguir la calidad de la educación en el texto constitucional contravendría el principio de progresividad de los derechos humanos consagrados en la Constitución, pues éste se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación de promoverlos de manera progresiva y gradual. Es por ello que el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarios en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.

El mérito como principio rector para el ingreso y desarrollo de la carrera docente.

Uno de los componentes más importantes es, sin duda, aquel que indica que la evaluación de los docentes debe efectuarse bajo los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y objetividad. El sistema basado en el mérito previsto en la Constitución promueve la aplicación de estos principios en la evaluación de las y los docentes. El mérito como principio rector contribuye a combatir la opacidad y la discrecionalidad, en tanto que quienes aspiran a ejercer como docentes o a mejorar sus condiciones laborales tienen el derecho de conocer, con anticipación, la información acerca de qué y cómo se va a evaluar, y todo lo relacionado con el proceso, los requisitos y los efectos de las evaluaciones.

La medición de mérito debe realizarse por instancias con autonomía plena y técnicamente calificadas para diseñar instrumentos adecuados y adaptados al contexto en donde cada profesor se desenvuelve para poder hacer una interpretación adecuada del mérito y el desempeño docente.

La autonomía universitaria

Las universidades públicas de nuestro país han sido las impulsoras de la mayor parte de la investigación científica para la generación de nuevos conocimientos, lo que constituye uno de los valores agregados más importantes que siguen dándole plena vigencia y autoridad. Estas instituciones han desarrollado los estudios de posgrado, con una visión amplia donde este nivel se concibe como la cúspide del sistema de educación superior y que nos permite incursionar con mayores posibilidades en el concierto internacional de los avances científicos, tecnológicos, humanísticos y sociales. También se han preocupado por preservar, enriquecer y dar continuidad a la tradición cultural y el patrimonio histórico, así como la difusión de la cultura universal. Las universidades públicas se destacan por ser instituciones complejas que atienden diferentes niveles educativos y cubren prácticamente todas las áreas del conocimiento, lo mismo las ciencias naturales y exactas que las ciencias sociales y las humanidades y a las expresiones más disímbolas de la cultura y el arte.

Por lo anterior, resulta imprescindible en esta iniciativa preservar la fracción VII del artículo tercero constitucional referido a la autonomía universitaria. Las garantías institucionales que tutela esta fracción: libertad de cátedra e investigación, autodeterminación de planes y programas académicos, autogobierno y libertad para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, han resultado fundamentales para el desarrollo y consolidación de las universidades autónomas por ley.

Educación inicial

La educación inicial en México ha seguido un largo proceso de búsqueda para ser reconocida y valorada como parte del proceso educativo. Los avances de la investigación en psicología, pedagogía, neurociencias y sociología han aportado evidencia científica que señala que durante los primeros años de vida de las personas se abre una ventana de oportunidad para el aprendizaje, desarrollo y bienestar del ser humano. El desarrollo de las niñas y niños a través de la sana nutrición, el cuidado y el afecto tendrán un impacto sobre toda la trayectoria educativa y laboral de las personas a lo largo de toda su vida, trayendo beneficios en etapas posteriores y posibilitando el desarrollo de sus potencialidades y con ello, la expansión de sus libertades individuales.

En este sentido, la presente propuesta legislativa tiene el propósito no sólo de reconocer plenamente la importancia de este nivel educativo, sino de establecer la obligación del Estado de impartirlo a través del diseño y financiamiento de una estrategia nacional que garantice su atención y mejoramiento continuos.

Un organismo autónomo en materia de evaluación educativa

Evaluar al Estado en tanto ente garante del derecho a una educación de calidad requiere fortalecer, mejorar y finalmente consolidar decididamente un organismo constitucional autónomo que no dependa de agendas políticas y que goce del prestigio y reconocimiento para monitorear el cumplimiento del derecho a una educación de calidad.

A través de la creación de un nuevo órgano autónomo, el Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación (el Centro), se le dará preponderancia a lo técnico por encima de lo político, mediante la institucionalización de las herramientas idóneas para que el Estado mexicano robustezca sus funciones evaluadoras y reguladoras y genere los insumos necesarios para que las políticas educativas sean más pertinentes, inclusivas y equitativas.

Es por ello que se propone que el Centro cuente con las garantías institucionales que brinda la autonomía constitucional con la capacidad de establecer lazos de coordinación tanto con la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas locales, el magisterio, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, organismos internacionales y con los otros poderes de la Unión.

En ese sentido, esta iniciativa propone recoger las buenas prácticas que hasta ahora ha realizado el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como varios de los informes y recomendaciones de política que se hicieran para mejorar el sistema educativo. También asigna al Centro funciones más específicas, acordes a su naturaleza, con el fin de atender omisiones del instituto y potenciar la capacidad del nuevo centro para desarrollar con base en sus investigaciones y mediciones, propuestas de política educativa útiles no sólo para las autoridades educativas federal y estatales, sino beneficiosas para las y los educandos, las escuelas, directivos y docentes con el fin de mejorar los resultados de aprendizaje, equidad e inclusión del sistema educativo nacional.

Es por ello que además de realizar estudios, mediciones e investigaciones especializadas que coadyuven a la mejora continua del SEN y determinar los estándares e indicadores de resultados educativos, el Centro sería responsable de generar y difundir información con base en la cual emitirá recomendaciones de política educativa relacionadas con la formación y mejora permanente del magisterio, de las escuelas y del desempeño escolar, así como de la operación del sistema educativo; y del diseño e implementación de dispositivos de evaluación en el aula y capacitaciones que promuevan la formación docente, específicamente en aspectos ligados con la mejora de la gestión escolar.

Un organismo como el propuesto cumplirá así con el importante papel técnico de producir información y conocimiento relevante sobre el sistema educativo del país, y de emitir recomendaciones basadas en evidencia para promover la deliberación pública y orientar la toma de decisiones a fin de mejorar la calidad de la educación, su equidad e inclusión.

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances:

La perfectibilidad de las normas es una característica que permite encontrar áreas de oportunidad para contribuir a la consolidación de dispositivos e instituciones más pertinentes que sirvan a las personas como vehículos para ejercer plenamente sus derechos. En materia educativa la evolución del marco normativo se hace indispensable para atender de manera pertinente a todos los actores involucrados, reiterando: el reconocimiento de los derechos humanos, el papel del Estado como garante de los mismos y la coordinación entre los tres órdenes del gobierno y la sociedad en general.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados federales firmantes sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma los artículos 3o., párrafos primero y segundo y el actual tercero, que asimismo se convierte en octavo, y las fracciones II, incisos c) y d), III, V, VI, inciso a), VII y IX, párrafos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo; 31, fracción I, y 73, fracciones XXV y XXIX-F; y se adicionan un nuevo párrafo tercero y los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, los incisos e) y f) a la fracción II y un párrafo octavo a la fracción IX del artículo 3o., todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman los artículos 3o., párrafos primero y segundo y el actual tercero, que asimismo se convierte en octavo, y las fracciones II, incisos c) y d), III, V, VI, inciso a), VII y IX, párrafos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo; 31, fracción I, y 73, fracciones XXV y XXIX-F; y se adicionan un nuevo párrafo tercero y los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, los incisos e) y f) a la fracción II y un párrafo octavo a la fracción IX del artículo 3o., todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a la dignidad de las personas y promueva su autonomía, así como el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y que fortalezca la protección, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos de esta Constitución y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Además, la educación impartida por el Estado será integral, equitativa, incluyente, intercultural y de calidad. Ésta contribuirá al desarrollo sostenible y fomentará en las personas el autocuidado, el civismo, el amor a la Patria, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad nacional e internacional, en la independencia y en la justicia.

Los educandos son titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación. El Estado privilegiará el interés superior de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en el artículo 4º de esta Constitución. Atendiendo dicho principio, ningún interés podrá estar por encima del pleno ejercicio al derecho a la educación o impedir el acceso y permanencia en los servicios educativos prestados o autorizados por el Estado.

El Estado reconoce a los docentes como agentes primordiales en la calidad y la transformación de la educación. Con base en este carácter, los docentes tienen derecho a que les sea garantizado el acceso a un sistema permanente de actualización y formación continua para cumplir con los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional, así como a que sea reconocida su contribución a la educación.

Para cumplir con lo anterior, las autoridades educativas federal y locales coordinarán un Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterio, conforme a los requisitos y criterios que establezca la ley, los cuales deberán favorecer la calidad y la equidad educativas, así como el desempeño académico de los educandos.

El Estado dará atención igualitaria y prioritaria al fortalecimiento de las instituciones públicas que brindan formación docente, incluyendo a las escuelas normales, las cuales contarán con libertad académica y autonomía de gestión, y a otras instituciones de educación superior. Dichas escuelas e instituciones deberán garantizar la pertinencia, relevancia y calidad de esta formación.

Asimismo, el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, los planes y programas de estudio, la infraestructura educativa y la formación y actualización de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizajes y el pleno desarrollo de los educandos.

I. ...

II. ...

...

a) y b) ...

c) Será solidaria, educará para la vida y contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, evitando toda forma de discriminación y exclusión;

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante, el máximo logro de aprendizajes y el pleno desarrollo de los educandos, y

e) Será equitativa, para lo cual el Estado tomará medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de todas las personas, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales.

En el caso de la educación indígena, ésta se impartirá respetando plenamente la diversidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas y su derecho a recibir educación pertinente.

III. El Ejecutivo Federal determinará, para toda la República, los objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica, considerando el carácter local, contextual y situacional del proceso de enseñanza- aprendizaje . A tal efecto, con base en el federalismo educativo, se consultará a los gobiernos de las entidades federativas para incorporar los contenidos regionales que correspondan , y se considerará la opinión de los sectores sociales involucrados en la educación, los maestros, los educandos y los padres de familia en los términos que la Ley señale. Además de considerar dichas opiniones, las autoridades educativas federal y locales contarán con un Consejo Consultivo que fungirá como órgano asesor de la política educativa, en el ámbito de sus respectivas competencias. La Ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de los consejos. El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y la media superior que imparta el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de selección que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, términos y condiciones de la evaluación para el ingreso, la promoción y el reconocimiento en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores y tomando en cuenta sus contextos demográfico, social y económico. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

IV. ...

V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes , conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia . Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, en términos de lo dispuesto por el artículo 4º ;

VI. ...

a) Impartir educación de calidad en términos de lo que la Ley señale y con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo y tercer párrafos y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y

b) ...

VII. El Estado impartirá educación superior y garantizará que ésta sea de calidad, en términos que la Ley señale. Además, deberá implementar medidas para promover el acceso de las personas que decidan ingresar a este tipo educativo, así como para generar condiciones que contribuyan a su continuidad y permanencia. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

VIII. ...

IX: Para garantizar la mejora en la prestación de servicios educativos, el Estado contará con un Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Dicho Centro tendrá por objeto mejorar de forma constante la educación a partir de evaluar los componentes, procesos y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, además de la educación inicial, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Corresponderá a este órgano:

a) Realizar estudios, mediciones e investigaciones especializadas que coadyuven a la mejora continua del sistema educativo nacional;

b) Determinar los estándares e indicadores de resultados educativos;

c) Generar y difundir información con base en la cual emitirá recomendaciones de política educativa relacionadas con la formación y mejora permanente del magisterio, de las escuelas y del desempeño escolar, así como de la operación y gestión del sistema educativo;

d) Diseñar evaluaciones en el aula y emitir lineamientos para las capacitaciones que promuevan la formación docente, específicamente en aspectos ligados con la mejora de la gestión escolar;

e) Desarrollar mecanismos de coordinación con las autoridades educativas, en el ámbito federal y local, a efecto de fortalecer sus funciones, desarrollar capacidades y atender de mejor manera las necesidades educativas de las distintas poblaciones, y

f) Emitir recomendaciones para la integración de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación especial y de adultos.

El Consejo Directivo será el órgano de dirección del Centro y estará compuesto por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante del Centro aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.

...

Los integrantes del Consejo Directivo deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Centro y cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y no podrán ser reelectos. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución.

La persona que presida el Consejo Directivo será nombrada por la Cámara de Senadores de entre sus integrantes, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley.

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Centro , el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.

La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Centro y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.

El Centro contará con un Consejo Consultivo compuesto por una persona que lo presida, quien será la misma que encabece el Consejo Directivo, y catorce integrantes honoríficos. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho Consejo.

Artículo 31. ...

I. Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para garantizar el acceso, continuidad y permanencia en el sistema educativo.

II. a IV. ...

Artículo 73. ...

I. a XXIV. ...

XXV. Para establecer el Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterio en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;

XXVI. a XXIX-E....

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

XXIX-G. a XXXI. ...

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales en materia del Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterio, de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Superior, así como las reformas correspondientes a la Ley General de Educación, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. En tanto no se expida la Ley del Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterio, los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia a los que se refiere la fracción III del artículo 3o. se llevarán a cabo conforme a la legislación vigente al entrar en vigor el presente Decreto.

Cuarto. Las Legislaturas de las entidades federativas tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el presente Decreto.

Quinto. El Congreso de la Unión, en un plazo de ciento ochenta naturales contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, realizará las modificaciones necesarias a Ley General de Educación, con la finalidad de establecer las bases para que las escuelas normales y demás para la formación de maestros de educación básica cuenten con autonomía de gestión y libertad académica.

Sexto. Los integrantes que actualmente conforman la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación podrán formar parte del nuevo Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se extingue, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá aprobada su petición.

En tanto se integra el Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, los consejeros que actualmente conforman la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.se mantendrán en funciones, conforme al orden jurídico vigente al entrar en vigor el presente Decreto.

La designación de los integrantes del Consejo Directivo del Centro que se crea en el presente Decreto será realizada a más tardar ciento veinte días después de su entrada en vigor, conforme a lo siguiente:

I. En el supuesto de que la totalidad de los consejeros integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación presenten su solicitud de formar parte del nuevo Centro y obtengan la respectiva aprobación en los términos del párrafo primero de esta disposición transitoria, formarán parte del Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación que se crea mediante el presente Decreto, hasta la fecha de terminación del período para el que fueron originariamente designados, conforme a lo dispuesto por el siguiente artículo transitorio.

II. En el caso de que sólo alguna, alguno, algunas o algunos de los consejeros integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación soliciten continuar en el cargo y obtengan la aprobación a que se refiere el párrafo primero de este precepto, continuarán en el ejercicio del cargo en el nuevo organismo hasta el término de la designación que se les confirió originariamente para formar parte del Instituto que se extingue.

En esta hipótesis, los integrantes del Consejo Directivo que formen parte del nuevo organismo en virtud de que los consejeros del citado Instituto no soliciten o no obtengan la aprobación para continuar en esa función, tendrán los períodos de desempeño siguientes:

a) Si ha fenecido el mandato de la consejera que concluye el encargo el 30 de abril 2019, el nombramiento concluirá el 30 de abril de 2024;

b) Si el nombramiento es en razón de la no continuación de la consejera que habría concluido el encargo el 30 de abril de 2020, el mismo se hará al 30 de abril de 2024.

c) Si el nombramiento es en razón de la no continuación de uno o ambos consejeros que habrían concluido el encargo el 30 de abril de 2025, el mismo se hará hasta esa fecha.

En este supuesto, se nombrará además un consejero por un periodo de siete años.

III. En el supuesto de que ninguno de los actuales consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación solicite al Senado o reciba la aprobación para formar parte del nuevo Centro Nacional que se crea por medio del presente Decreto, el Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores las ternas para la designación de los cinco integrantes del Consejo Directivo del Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en un plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, que deberá recaer en personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Centro. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, éstos se harán por los periodos siguientes:

1) Dos nombramientos por un periodo de cinco años;

2) Dos nombramientos por un periodo de seis años, y

a. Un nombramiento por un periodo de siete.

El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que corresponda a cada uno de los miembros, al someter su designación a la aprobación de la Cámara de Senadores. Para la conformación del primer Consejo Directivo del Centro, el Ejecutivo Federal someterá a la aprobación de la Cámara de Senadores cinco ternas para que de entre ellas se designen a los cinco integrantes que la constituirán. La presentación de ternas en el futuro corresponderá a la renovación escalonada que precisa el párrafo segundo de este artículo. La primera persona que presida el Consejo Directivo del Centro durará en su encargo cuatro años.

Séptimo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, a más tardar en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.

En tanto el Congreso de la Unión expide dicha Ley, el Centro Nacional creado por este Decreto ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2013, en lo que no se oponga al presente Decreto. Para estos efectos, las atribuciones previstas en dicho ordenamiento para la Junta de Gobierno del Instituto serán ejercidas por el Consejo Directivo del Centro, y las de la persona que presida la Junta de Gobierno por la persona que presida el Consejo Directivo.

Octavo. Los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores adscritos al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación pasarán a formar parte del Centro que se crea en los términos del presente Decreto.

Noveno. La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobará las previsiones presupuestarias necesarias al Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, para el eficiente desempeño de sus funciones.

Décimo. Para atender la educación inicial a la que se refiere el primer párrafo del artículo 3o., el Poder Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, definirá, una estrategia nacional de desarrollo infantil temprano con énfasis en la atención de niñas y niños que vivan en situaciones de pobreza. Dicha estrategia estará dirigida a garantizar la nutrición, estimulación e interacciones necesarias para promover la igualdad de oportunidades.

Décimo primero. La legislación secundaria, en los aspectos que así lo ameriten, determinará la gradualidad para la implementación de lo contenido en el presente Decreto.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los seis días del mes de febrero de 2019.

Diputados: Juan Carlos Romero Hicks, René Juárez Cisneros, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, José Ricardo Gallardo Cardona.
(Rúbrica)

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